México, DF. En coincidencia de la aprobación de la reforma energética, que permite por primera vez en 75 años la participación de inversionistas privados en el sector, el Senado de Estados Unidos aprobó este jueves un acuerdo binacional de explotación de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, para “explorar, desarrollar y compartir ingresos de recursos de hidrocarburos” en la zona del Golfo de México...
De acuerdo con un despacho de Notimex, la Casa Blanca informó que el Senado estadunidense aprobó el acuerdo como parte de las negociaciones del presupuesto.
“Este acuerdo establecerá un marco ambientalmente seguro y responsable para explorar, desarrollar y compartir ingresos de recursos de hidrocarburos en las aguas más allá de las zonas económicas exclusivas de cada país”, dijo la portavoz Cailin Hayden.
Señaló que el gobierno del presidente Barack Obama agradeció la oportunidad de haber trabajado con líderes legislativos demócratas y republicanos para aprobar lo que calificó como una importante prioridad.
Ayer, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró válida y envió al Ejecutivo para su publicación la reforma que permite a las trasnacionales explorar, explotar y transportar el petróleo, así como incluir los hidrocarburos mexicanos como parte de sus activos.
El acuerdo binacional fue firmado en febrero de 2012, y avalado por el Senado mexicano en abril de ese año, establece el marco legal para la administración de la región limítrofe entre los dos países en el Golfo de México, a fin de explotar comercialmente las reservas de petróleo y gas.
Fija además directrices para los desarrollos transfronterizos marítimos e incentivos para las compañías de petróleo y gas que voluntariamente entren en arreglos para trabajar conjuntamente las reservas en la región del Golfo de México.
Durante su discusión en el Senado mexicano, en abril de 2012, la fracción perredista advirtió que el convenio no contenía seguridad jurídica ni garantías suficientes de que se respetaría la riqueza petrolera que corresponde a México.
Expuso que el tema del arbitraje no estaba resuelto y eso dejaba a México en condición precaria, además de que Estados Unidos había entregado más de 30 concesiones a empresas para operar en la línea transfronteriza, consorcios que no estarían obligados a acatar las disposiciones del convenio.
De acuerdo con despachos diplomáticos obtenidos por Wikileaks y en poder de La Jornada, Georgina Kessel, la primera secretaria de Energía del gobierno del presidente Felipe Calderón, dijo al ex embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, que lo que en realidad buscaba el gobierno mexicano con la negociación del mencionado acuerdo era una “ventana de oportunidad” para la participación de compañías internacionales en el sector petrolero nacional, reservado hasta entonces por mandato de la Constitución a Petróleos Mexicanos.
“Kessel quiere utilizar la cooperación en el tema de los yacimientos transfronterizos como un medio para incorporar a las compañías petroleras internacionales en el desarrollo de las reservas mexicanas (de petróleo), abriendo las puertas a las compañías petroleras internacionales en el sector petrolero de México”, según relató el propio diplomático en un despacho al Departamento de Estado.
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