Según datos del Tercer Informe de Gobierno, en el año 2000 la deuda pública externa ascendía a 70 mil millones de dólares; para junio de 2015 llega a 158 mil millones. En esos 15 años México ha pagado el equivalente a siete veces el valor de dicha deuda por amortizaciones e intereses. La cifra equivale a 517 mil millones de dólares y al 43% del Producto Interno Bruto.
Este endeudamiento sin precedentes no ha sido contraído para impulsar el desarrollo y el bienestar. La enorme corrupción en el primer nivel del gobierno, el despilfarro en los privilegios para los altos funcionarios y el uso electoral del gasto público para favorecer al partido en el poder (sea el PRI o el PAN), han sido sus principales destinos.
La crisis que vivimos tiene que ver con ese manejo oscuro de los recursos y con la falta absoluta de voluntad del gobierno para adoptar un programa de austeridad que ponga un alto a la corrupción y a los privilegios.
En ese contexto, MORENA acaba de presentar en la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, que propone disminuir los salarios y prestaciones de los altos funcionarios, empezando por el presidente de la República; revocar el contrato del nuevo avión presidencial, evitar compras de vehículos terrestres y aéreos para personal administrativo, eliminar prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores, los llamados gastos de representación y las pensiones de los expresidentes.
Propone también reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos, las subvenciones a los grupos parlamentarios, las prebendas de los altos funcionarios del Poder Judicial y la cancelación del gasto de comunicación social de los gobiernos en sus distintos niveles, rubro en el que miles de millones de pesos son destinados a la alabanza del gobernante en turno y a la compra de voluntades en medios corruptos.
La aprobación de la iniciativa de Morena se traduciría en un ahorro de 450 mil millones de pesos.
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Las Primeras '#Damas': #Lánguidas, #Escandalosas y #Trepadoras: @HugoSadh
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A diferencia de Guatemala, en México, según la Constitución, el presidente en funciones no puede ser juzgado por corrupción. Es aberrante
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) septiembre 6, 2015
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